Luchemos por la derogación del impuesto al salario
El reajuste de tan solo un 20% sobre el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias perpetúa una confiscación al salario y, más aun, la profundiza. Durante 2010, la rebaja será en realidad del 10%, porque tratándose de un impuesto anual, al regir desde el 1º de julio, su impacto será sólo de la mitad para este año.
Congelados desde 2008, los importes no imponibles tanto para solteros como para casados, han sufrido la inflación de los dos años pasados y sufrirán la del que viene. De hecho, a medida que se van incorporando las cuotas de los aumentos salariales y las nuevas paritarias, más trabajadores serán afectados.
Al día de hoy, la cifra llega a 1,5 millones de trabajadores activos y a cien mil jubilados.
Con el reajuste, el universo baja a un millón, pero de inmediato irá aumentando sobre este nuevo piso enorme. En el debut del gobierno K, ese número no superaba los trescientos mil.
El mecanismo para que ocurra semejante cosa ha sido y es la inflación, con la particularidad de que el dinero va directamente al Estado. Se trata del más brutal de los impuestos a los asalariados, porque es de cobro inevitable, es anterior al gasto e incluso al cobro, en esto supera al IVA, a los combustibles y a tantos otros: no hay escapatoria ante una patronal que es agente de retención. Por la inflación, también ha crecido el porcentaje del impuesto porque se incrementa por escalones en los sueldos más altos.
Otro aspecto especialmente irritante para los trabajadores es que los enormes montos no remunerativos de las paritarias no reportan para la Anses de nuestros jubilados, tampoco para las extras, pero sí reportan para el impuesto a las ganancias. La cuarta categoría de ganancias constituye una amputación fiscal del salario, la cual jamás debe ser confundida por los compañeros con los descuentos sociales, que mal o bien tienen una contraprestación, sea previsional o de salud.
Sin entrar en el debate del origen de esta categoría de ganancias (nació con la excusa de evitar ganancias empresarias vía altos estipendios de los accionistas), el deber del gobierno es proteger de la inflación los mínimos no imponibles. Algo que el gobierno no hace. El último aumento al mínimo no imponible fue en 2008, un año antes de la gran huelga general de los petroleros de Las Heras, que arrancó un reajuste. Ahora – ante la apretada de los banqueros con el Canje, con la deuda del Club de París y con las tasas usurarias para Argentina–, el gobierno kirchnerista ha tomado la decisión política de saquear impositivamente los salarios superiores en forma permanente.
La CGT fue invitada a recibir como un cordero la mala noticia. El papelón constituye un nuevo eslabón del debilitamiento moyanista en particular y del kirchnerismo en general. El camionero firmó un convenio diez puntos menor que el que impuso la huelga de la alimentación cordobesa (“contagiando” a decenas de gremios), sufrió la escisión de gremios que se alinearon con el PJ disidente y, cuando se aprestaba a exhibir una concesión, recibió este golpe que lo desgasta ante los trabajadores y ante el resto de la burocracia sindical.
La sociedad con Yasky por parte de Moyano también sufre un golpe, cuando el docente tiene que enfrentar elecciones en Ctera y particularmente en la CTA: gremios como visitadores médicos, UPTBA y docentes universitarios sufren y sufrirán el impuesto a las ganancias, y podrán sufrirlas también otros, como los telefónicos jerárquicos y obreros con cierta antigüedad y horas extras.
Foetra Buenos Aires enfrenta una revuelta en los edificios contra un aumento insuficiente que su dirección está firmando. El impuesto a las ganancias pone leña al fuego de la bronca obrera contra la inflación en todos los gremios, y a la bronca obrera contra todas las maniobras de la burocracia sindical para seguir el libreto oficial de topes, de negros y de cuotas. El tema ya se debate también en ciertas automotrices.
La negativa a pagarle a los jubilados el 82% y este manotazo tienen un mismo contenido, y tal vez se complementen. No sería de extrañar que la confiscación sea el expediente para alguna concesión jubilatoria que pagarían con un sacrificio adicional los asalariados. El kirchnerismo quedó expuesto por derecha dos veces en una semana. Es muy claro que estamos ante una política rabiosamente capitalista por parte del gobierno de los banqueros y de las mineras y petroleras, que encontró otra vía para redistribuir la pobreza.
Es el momento para hacer una campaña política en todos los gremios por la derogación definitiva del impuesto al salario. No sería de extrañar que estallen movimientos en la Patagonia como en el pasado, pero la lucha por la derogación tiene que ser de conjunto: impulsemos pronunciamientos de todos los sindicatos por asambleas y plenarios de delegados con mandato, incorporemos el punto al temario de todas las paritarias que faltan y de aquellas por cuya reapertura estamos luchando.
